Joseph Stiglitz.

Estados Unidos y el mundo están imbuidos en un gran debate sobre los nuevos acuerdos comerciales. Tales pactos solían ser llamados “acuerdos de libre comercio”; en la práctica, eran acuerdos comerciales gestionados, es decir, estaban adaptados a la medida de los intereses corporativos, que en su gran mayoría se encontraban localizados en EE UU y la Unión Europea. Hoy en día, con mayor frecuencia, tales pactos se denominan como “asociaciones”; por ejemplo, el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP). Sin embargo, dichos acuerdos no son asociaciones entre iguales: EE UU es quien, de manera patente, dicta los términos. Afortunadamente, los “socios” de EE UU se muestran más recelosos.

No es difícil ver por qué. Estos acuerdos van mucho más allá del comercio, ya que también rigen sobre la inversión y la propiedad intelectual, imponiendo cambios fundamentales a los marcos legales, judiciales y regulatorios de los países, sin que se reciban aportes o se asuman responsabilidades a través de las instituciones democráticas.

Tal vez la parte más odiosa –y más deshonesta– de esos acuerdos es la concerniente a las disposiciones de protección a los inversores. Por supuesto, los inversores tienen que ser protegidos contra los gobiernos defraudadores que incautan sus bienes. Sin embargo, dichas disposiciones no se relacionan a ese punto. Se realizaron muy pocas expropiaciones en las últimas décadas, y los inversores que quieren protegerse pueden comprar un seguro del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones, una filial del Banco Mundial; además, el Gobierno estadounidense y otros Estados proporcionan seguros similares. No obstante, EE UU demanda que se incluyan tales disposiciones en el TPP, a pesar de que muchos de sus “socios” tienen sistemas de protección de la propiedad y sistemas judiciales que son tan buenos como los propios estadounidenses.

La verdadera intención de estas disposiciones es impedir la salud, el cuidado del medio ambiente, la seguridad, y, ciertamente, incluso tienen la intención de impedir que actúen las regulaciones financieras que deberían proteger a la propia economía y a los propios ciudadanos de EE UU. Las empresas pueden demandar en los tribunales a los gobiernos, pidiéndoles recibir compensación plena por cualquier reducción de sus ganancias futuras esperadas, que sobreviniesen a consecuencia de cambios regulatorios.

Esto no es sólo una posibilidad teórica. Philip Morris ha demandado judicialmente a Australia y Uruguay por exigir etiquetas de advertencia en los cigarrillos. Es cierto que ambos países fueron un poco más allá en comparación con EE UU, ya que obligaron a los fabricantes de cigarrillos a incluir imágenes gráficas que muestran las consecuencias del consumo de tabaco.

El etiquetado está logrando su cometido, ya que es desalentador para los fumadores y disminuye el consumo de cigarrillos. Así que ahora Philip Morris exige indemnizaciones por la pérdida de ganancias.

En el futuro, si descubrimos que algún otro producto causa problemas de salud (por ejemplo, pensemos en el asbesto), los fabricantes en lugar de enfrentar demandas judiciales por los costos que nos impone a nosotros las personas comunes, podrían demandar a los gobiernos porque éstos estuviesen tratando de evitar que se maten a más personas. Lo mismo podría suceder si nuestros gobiernos imponen regulaciones más estrictas para protegernos de los efectos de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Cuando presidí el Consejo de Asesores Económicos del presidente Bill Clinton, los grupos anti-ambientalistas intentaron promulgar una disposición similar, denominada “expropiaciones regulatorias”. Ellos sabían que una vez promulgada, las regulaciones se frenarían, simplemente porque el Gobierno no podía permitirse el lujo de pagar las compensaciones. Afortunadamente, tuvimos éxito y ganamos la batalla: hicimos que esta iniciativa retrocediese, tanto en los tribunales como en el Congreso de EE UU.

Las compañías no pueden usar los acuerdos comerciales para dictar cómo vamos a vivir.

No obstante, ahora los mismos grupos están intentando realizar una triquiñuela para pasar por alto los procesos democráticos mediante la inserción de tales disposiciones en las facturas comerciales, ya que el contenido de las mismas se mantiene, en gran medida, en secreto para el público (pero no para las compañías que están presionando para conseguir dichas inserciones). Es sólo a consecuencia de fugas de información, y mediante charlas con los funcionarios del Gobierno que parecen estar más comprometidos con los procesos democráticos que llegamos a conocer lo que está pasando.

Es fundamental que el sistema de gobierno de EE UU cuente con un poder judicial imparcial y público, con normas legales construidas a lo largo de décadas, que se basen en principios de transparencia, precedentes y en las oportunidades que otorgan a los litigantes para que apelen las decisiones desfavorables. Todo esto está siendo dejado de lado, ya que los nuevos acuerdos exigen que las partes se sometan al arbitraje, que es un proceso privado, sin transparencia, y muy caro. Es más, esta forma de administración de justicia está a menudo plagada de conflictos de intereses; por ejemplo, los árbitros pueden ser “jueces” en un caso y defensores en un caso relacionado.

Los procesos judiciales son tan caros que Uruguay ha tenido que recurrir a Michael Bloomberg y a otros estadounidenses ricos, quienes están comprometidos con la salud, para poder defenderse en el juicio planteado por Philip Morris en su contra. Y, si bien las compañías pueden demandar, otros no pueden. Si hay una violación de otros compromisos –en lo referido a las normas laborales y ambientales, por ejemplo– los ciudadanos, sindicatos y grupos de la sociedad civil no tienen recursos legales mediante los cuales puedan personarse para plantear juicios.

Si alguna vez en la Historia hubo un mecanismo de solución de controversias que sólo toma en cuenta a una de las partes y que viola los principios básicos, este es dicho mecanismo. Es por esto que me uní a líderes expertos en asuntos legales en EE UU, incluyéndose entre ellos a profesionales de las Universidades de Harvard, Yale y Berkeley, en el envío de una carta al presidente Barack Obama explicándole cuán perjudiciales son estos acuerdos para nuestro sistema de justicia.

Los partidarios estadounidenses de tales acuerdos señalan que EE UU ha sido demandado solamente un par de veces hasta ahora, y no ha perdido un solo caso. Las empresas, sin embargo, apenas están empezando a aprender cómo utilizar estos acuerdos para su beneficio.

Es clave que EE UU tenga un poder judicial imparcial y público

Y los abogados corporativos de importantes minutas en EE UU, Europa y Japón probablemente superen a los deficientemente remunerados abogados de los gobiernos, quienes intentan defender el interés público. Peor aún, las empresas de los países avanzados pueden crear filiales en los países miembros a través de las cuales invierten nuevamente el dinero en sus países de origen y posteriormente plantean demandas judiciales, lo que les brinda un nuevo canal para bloquear las regulaciones.

En caso de que hubiera una necesidad de mejorar la protección de la propiedad, y en caso de que este mecanismo privado y caro para la resolución de controversias fuese superior a un poder judicial público, deberíamos estar cambiando la ley no sólo para las adineradas empresas extranjeras, sino también para nuestros propios ciudadanos y pequeñas empresas. Pero nada indica que este sea el caso.

Las reglas y regulaciones determinan en qué tipo de economía y sociedad viven las personas. Dichas reglas y regulaciones afectan el poder de negociación relativo, con importantes implicaciones para la desigualdad, que es un problema creciente en todo el mundo. La pregunta es si debemos permitir que las compañías ricas usen disposiciones ocultas en los llamados acuerdos de comercio para dictar cómo vamos a vivir en el siglo XXI. Espero que los ciudadanos en EE UU, Europa, y el Pacífico respondan con un rotundo no.

Link: https://elpais.com/economia/2015/05/22/actualidad/1432293541_982046.html

Publicado por Santillán Guzmán Fernanda.

Joseph Stiglitz.

El Nobel de Economía carga contra la política monetaria de la Reserva Federal.

Siete años después de que en 2008 entrase en erupción la crisis financiera mundial, la economía del mundo ha continuado dando tumbos en 2015. Según el informe de las Naciones Unidas (ONU) titulado Situación y Perspectivas de la Economía Mundial 2016,la tasa promedio de crecimiento en los países desarrollados ha disminuido en más del 54% desde la crisis. Se estima que cerca de 44 millones de personas están desempleadas en los países desarrollados, aproximadamente 12 millones más que en 2007, mientras que la inflación ha alcanzado su nivel más bajo desde la crisis.

Aún más preocupante es el hecho de que las tasas de crecimiento de los países avanzados también se han tornado más volátiles. Esto es sorprendente, ya que, en su posición de economías desarrolladas con cuentas de capital totalmente abiertas, estas economías deberían haberse beneficiado de la libre circulación del capital y de la distribución internacional del riesgo —y, por lo tanto, deberían experimentar poca volatilidad macroeconómica—. Además, las transferencias sociales, prestaciones por desempleo incluidas, deberían haber permitido a los hogares estabilizar sus niveles de consumo.

Sin embargo, las políticas dominantes durante el período posterior a la crisis —el ajuste fiscal y la flexibilización cuantitativa (QE)— han ofrecido poco apoyo para estimular el consumo de los hogares, la inversión y el crecimiento. Por el contrario, han tendido a empeorar las cosas.

En EE UU, la flexibilización cuantitativa no impulsó el consumo y la inversión porque, en parte, la mayor parte de la liquidez adicional regresó a las arcas de los bancos centrales, en forma de excesos de reservas. La ley de flexibilización regulatoria de los servicios financieros de 2006 autorizó a la Reserva Federal (Fed) a pagar intereses sobre las reservas obligatorias y sobre las reservas en exceso, socavando, de esta manera, el objetivo clave de la QE.

De hecho, con el sector financiero de Estados Unidos al borde del colapso, la ley de Estabilización Económica de Emergencia de 2008 adelantó en tres años la fecha de entrada en vigencia del ofrecimiento de pago de intereses sobre reservas, estableciendo que la misma se iniciaría el 1 de octubre de 2008. Como resultado, el exceso de reservas que se mantiene en la Fed se disparó, pasando de un promedio 200.000 millones de dólares durante el período 2000-2008 a 1,6 billones durante el período 2009-2015. Las instituciones financieras optaron por mantener su dinero en la Fed en lugar de realizar préstamos a la economía real, ganando casi 30.000 millones —sin correr ningún riesgo— durante el último lustro.

Esto equivale a una generosa —y, en gran medida, oculta— subvención de la Fed al sector financiero. Y, como consecuencia de la subida de tasas de interés estadounidense del mes pasado, la subvención se incrementará en 13.000 millones este año.

Los incentivos perjudiciales son solo una de las razones por las que no se materializaron muchos de los beneficios que se esperaba recibir como resultado de las bajas tasas de interés. Dado que la QE logró mantener las tasas de interés cerca a cero durante casi siete años, se debería haber incentivado a que los gobiernos de los países desarrollados obtengan préstamos e inviertan en infraestructuras, educación y sectores sociales. El aumento de las transferencias sociales durante el período posterior a la crisis habría impulsado la demanda agregada y suavizado, en cierta medida, los patrones de consumo.

Por otra parte, el informe de la ONU muestra claramente que en todo el mundo desarrollado la inversión privada no creció como era de esperar, tomando en consideración las extremadamente bajas tasas de interés. En 17 de las 20 mayores economías avanzadas, el crecimiento de la inversión se mantuvo más bajo durante el periodo posterior a 2008 respecto al nivel alcanzado durante los años anteriores a la crisis; asimismo, cinco economías experimentaron una disminución de la inversión durante el periodo 2010-2015.

En todo el mundo, los títulos-valores emitidos por las corporaciones no financieras —las mismas que, se supone, llevan a cabo inversiones fijas— aumentaron significativamente durante el mismo período. Esto implicaría que muchas corporaciones no financieras obtuvieron préstamos, aprovechando las bajas tasas de interés. Sin embargo, en lugar de invertir, estas corporaciones utilizaron el dinero prestado para volver a comprar sus propias acciones o para adquirir otros activos financieros. Por lo tanto, la QE estimuló fuertes incrementos en el apalancamiento y en la rentabilidad del sector financiero.

Sin embargo, dígase una vez más, nada de esto fue de mucha ayuda para la economía real. De manera clara, mantener las tasas de interés en un nivel cerca de cero no conduce necesariamente a niveles más altos de crédito o inversión. Cuando a los bancos se les da la libertad de elegir, eligen ganancias libres de riesgo o incluso eligen la especulación financiera en lugar de realizar préstamos que apoyarían el objetivo más amplio de crecimiento económico.

Por el contrario, cuando el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional prestan dinero barato a los países en desarrollo, se imponen condiciones a estos países con relación a lo que ellos pueden hacer con dicho dinero. Para tener el efecto deseado, la QE debería haber ido acompañada no sólo por esfuerzos por reestablecer los deteriorados canales de préstamos (especialmente aquellos que dirigen fondos a las pequeñas y medianas empresas), sino también por objetivos específicos de otorgamiento de créditos para los bancos. En vez de fomentar efectivamente a que los bancos no presten, la Fed debería haber penalizando a los bancos por mantener excesos de reservas.

Si bien las tasas de interés extremadamente bajas produjeron pocos beneficios para los países desarrollados, dichas tasas impusieron costos significativos a las economías de los mercados en desarrollo y emergentes. Una consecuencia no intencionada, pero no inesperada, de la flexibilización monetaria ha sido los fuertes aumentos en los flujos de capital transfronterizos. El total de entradas de capital a los países en desarrollo aumentó desde alrededor de 20.000 millones en 2008 a más de 600.000 millones en 2010.

En dicho momento, muchos mercados emergentes tuvieron dificultades para manejar el aumento repentino de flujos de capital. Muy poco de ese flujo se dirigió a la inversión fija. De hecho, el crecimiento de la inversión en los países en desarrollo se redujo significativamente durante el período posterior a la crisis. Este año se espera que los países en desarrollo en su conjunto registren su primera salida neta de capital desde 2006.

Ni la política monetaria ni el sector financiero están haciendo lo que tiene que hacer. Parece ser que la inundación de liquidez se ha dirigido de manera desproporcionada hacia crear riqueza financiera e inflar burbujas de activos, en lugar de ir a fortalecer la economía real. A pesar de las fuertes caídas de los precios de las acciones, la capitalización de mercado como porcentaje del PIB mundial sigue siendo alta. El riesgo de una nueva crisis financiera no puede ser ignorado.

Hay otras políticas que mantienen la promesa de restaurar el crecimiento sostenible e integrador. Estas políticas comienzan con la reinvención de reglas para la economía de mercado con el propósito de garantizar una mayor igualdad, más pensamiento a largo plazo y la aplicación de controles al mercado financiero mediante una regulación eficaz y estructuras de incentivos que sean apropiadas.

Pero también se necesitará un gran aumento de la inversión pública en infraestructura, educación y tecnología. Estos incrementos tendrán que ser financiados, al menos en parte, por la imposición de impuestos ambientales, incluyendo impuestos al carbono y al monopolio, así como impuestos a otras rentas, mismas que se han tornado en omnipresentes en la economía de mercado y que contribuyen enormemente a la desigualdad y al crecimiento lento.

Link: https://elpais.com/economia/2016/02/10/actualidad/1455130861_691790.html

Publicado por Santillán Guzmán Fernanda.

Joseph Stiglitz.

Hoy, un cuarto de siglo después del final de la Guerra Fría, Occidente y Rusia están otra vez enfrentados. Pero esta vez (al menos para uno de los lados), está claro que la disputa tiene que ver más con el poder geopolítico que con la ideología. Occidente ha apoyado, en diversas formas, a movimientos democráticos en la región pos-soviética, sin disimular su entusiasmo por las varias “revoluciones de colores” que sustituyeron a viejos dictadores por líderes más receptivos (aunque no todos resultaron los demócratas convencidos que decían ser).

Demasiados países en el antiguo bloque soviético siguen bajo control de líderes autoritarios, entre ellos algunos que, como el presidente ruso, Vladímir Putin, aprendieron a mantener una fachada electoral más convincente que sus predecesores comunistas. Estos líderes promueven un sistema de “democracia iliberal” sustentado en el pragmatismo, no en alguna teoría universal de la historia, y se justifican con el argumento de ser más eficaces.

Lo cual es indudable, si se mide por la capacidad de agitar el sentimiento nacionalista y suprimir el disenso. Pero no han sido tan eficaces en lograr crecimiento económico duradero. El PIB de Rusia (que supo ser una de las dos superpotencias del mundo) hoy es aproximadamente el 40% del de Alemania y poco más del 50% del de Francia. La esperanza de vida al nacer es la 153ª del mundo, justo detrás de Honduras y Kazajistán.

Por ingreso per capita (según la paridad del poder adquisitivo), Rusia está en el puesto 73º, muy por debajo de los exsatélites de la Unión Soviética en Europa central y del este. El país se desindustrializó: la inmensa mayoría de sus exportaciones ahora procede de recursos naturales. No evolucionó hacia una economía de mercado “normal”, sino hacia una forma peculiar de capitalismo de Estado amiguista.

Los errores cometidos no deben debilitar nuestra determinación de trabajar por Estados democráticos de derecho

Es verdad que en algunas áreas, por ejemplo la posesión de armas nucleares, Rusia aún tiene capacidades propias de una nación más poderosa. Y conserva el derecho al veto en las Naciones Unidas. También cuenta con herramientas cibernéticas que le permiten inmiscuirse seriamente en las elecciones de Occidente, de lo que da cuenta la reciente intrusión en los sistemas del Partido Demócrata en Estados Unidos.

Intrusiones que, según todos los indicios, no se detendrán. Dados los estrechos vínculos del presidente estadounidense, Donald Trump, con ciertos oscuros personajes rusos (que, a su vez, tienen estrechos vínculos con Putin), en Estados Unidos hay mucha inquietud sobre el grado de influencia que pueda ejercer Rusia (un asunto que tal vez las investigaciones en curso puedan aclarar).

Cuando cayó el telón de acero, Rusia y toda la ex Unión Soviética suscitaban grandes esperanzas. Aunque tras siete décadas de comunismo la transición a una economía de mercado democrática no iba a ser fácil, se suponía que (dadas las obvias ventajas del capitalismo de mercado democrático respecto del sistema que acababa de derrumbarse) la economía florecería y los ciudadanos exigirían más voz en la marcha de su país.

¿Qué salió mal? ¿Quién tiene la culpa, si alguien la tiene? ¿Podría haberse manejado mejor la transición poscomunista de Rusia?

Los regímenes “iliberales” no han sido eficaces a la hora de lograr un crecimiento económico duradero

Nunca podremos responder estas preguntas más allá de toda duda, porque es imposible rebobinar y repetir la historia. Pero creo que lo que vemos es en parte herencia de los errores del Consenso de Washington, que definió la transición rusa. La influencia de este marco conceptual es visible en la importancia superlativa que dieron los reformadores al proceso de privatización (sin importar cómo se hiciera), y a su rapidez por encima de cualquier cosa (incluida la creación de la infraestructura institucional necesaria para que una economía de mercado funcione).

Hace 15 años, cuando escribí La globalización y sus descontentos, sostuve que esta modalidad de reforma económica basada en una “terapia de shock” estaba condenada al fracaso. Pero los defensores de la doctrina recomendaban paciencia, aduciendo que para poder emitir un juicio se necesitaba una visión a largo plazo.

Hoy, transcurrido más de un cuarto de siglo desde el inicio de la transición, mi tesis resultó confirmada, y refutados los argumentos de quienes sostenían que la institución de derechos de propiedad privada bastaría para alentar demandas más amplias de aplicación del imperio de la ley. Rusia y muchos de los otros países en transición están más rezagados que nunca respecto de las economías avanzadas y, en algunos casos, el PIB es menor al que tenían al principio de la transición.

Muchos rusos creen que el Tesoro de Estados Unidos impulsó las políticas del Consenso de Washington para debilitar a Rusia; creencia que fue reforzada por la profunda corrupción del grupo de académicos de la Universidad de Harvard elegido para “ayudar” a Rusia a hacer la transición (descrita en un informe detallado que publicó en 2006 la revista Institutional Investor).

Yo creo en una explicación menos retorcida: las ideas erradas, aun con la mejor de las intenciones, pueden traer consecuencias serias. Y las oportunidades que ofrecía Rusia a la codicia egoísta fueron demasiado irresistibles para algunos. Es evidente que la democratización de Rusia demandaba medidas que garantizaran la prosperidad compartida, no políticas conducentes a la creación de una oligarquía.

De modo que los errores de Occidente no deben debilitar la determinación de trabajar ahora en pos de la creación de Estados democráticos que respeten los derechos humanos y la legalidad internacional. Estados Unidos está luchando para evitar que el extremismo del Gobierno de Donald Trump (por ejemplo, prohibir la entrada a musulmanes, promover políticas ambientales contrarias a la ciencia o amenazar con ignorar acuerdos comerciales internacionales) se convierta en norma. Pero tampoco pueden “normalizarse” las violaciones del derecho internacional cometidas por otros países, como las acciones de Rusia en Ucrania.

Link: https://elpais.com/economia/2017/04/06/actualidad/1491474388_913825.html

Publicado por Santillán Guzmán Fernanda.

Joseph Stiglitz.

Las reacciones negativas a la evolución de la economía mundial han llegado a los países desarrollados.

Ahora el malestar con la globalización ha estimulado una ola de populismo en Estados Unidos y otras economías avanzadas, liderada por políticos que afirman que el sistema es injusto para sus países. En Estados Unidos, el presidente, Donald Trump, insiste en que los negociadores comerciales fueron engañados por los mexicanos y los chinos.

¿Cómo algo que, supuestamente, debería beneficiarnos a todos —tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados— puede ser vilipendiado por todo el mundo? ¿Cómo es posible que un acuerdo sea injusto para todos los firmantes?

Por supuesto, para los países en desarrollo las afirmaciones de Trump —y Trump— son un chiste. Estados Unidos básicamente redactó las reglas y creó las instituciones de la globalización. En algunas de estas instituciones —por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional— EE UU todavía tiene poder de veto, pese a su papel disminuido en la economía global (un papel que Trump parece estar decidido a disminuir aún más).

Para alguien como yo, que ha observado de cerca las negociaciones comerciales durante más de un cuarto de siglo, está claro que los negociadores comerciales estadounidenses consiguieron la mayor parte de lo que querían. El problema radicó en qué es lo que ellos querían. Su agenda fue establecida a puerta cerrada y redactada por y para grandes empresas multinacionales, a expensas de los trabajadores y ciudadanos comunes en todo el mundo.

De hecho, a menudo parece que los trabajadores, quienes han visto sus salarios caer y sus puestos de trabajo desaparecer, solamente son considerados como un daño colateral: víctimas inocentes pero inevitables en la marcha inexorable del progreso económico. Sin embargo, hay otra interpretación de lo que ha sucedido: uno de los objetivos de la globalización era debilitar el poder de negociación de los trabajadores. Lo que las corporaciones querían era mano de obra más barata, a toda costa.

Esta interpretación ayuda a explicar algunos aspectos desconcertantes de los acuerdos comerciales. Por ejemplo, ¿por qué en los países avanzados cedieron una de sus mayores ventajas, el Estado de derecho? De hecho, las disposiciones incluidas en la mayoría de los acuerdos comerciales recientes otorgan a los inversores extranjeros más derechos de los que se otorgan a esos mismos inversores en Estados Unidos. Por ejemplo, en caso de que el Gobierno adopte una regulación que perjudique los resultados finales de sus balances contables, recibirán una compensación, sin importar cuán deseable sea la regulación o cuán grande sea el daño causado por la corporación en ausencia de dicha regulación.

Hay tres respuestas al malestar globalizado con la globalización. La primera — llamémosla la estrategia Las Vegas— es redoblar el empeño en mantener la forma en que se ha venido gestionando durante el último cuarto de siglo. Esta «solución», como todas las apuestas en políticas demostradamente fallidas (las mismas que, por ejemplo, dicen que hacer más ricos a los ricos nos beneficia a todos), se basa en la esperanza de que la globalización será exitosa en el futuro, de alguna manera.

La segunda respuesta es el trumpismo: aislarse de la globalización, guardando la esperanza de que, de alguna manera se logrará recuperar un mundo ya pasado. Pero el proteccionismo no funcionará. Mundialmente, los empleos industriales están disminuyendo, simplemente porque el crecimiento de la productividad ha superado el crecimiento de la demanda.

Incluso si las industrias volvieran, los puestos de trabajo no lo harán. La tecnología, incluidos los robots, se traduce en que los pocos puestos de trabajo que se creen requerirán de mayores habilidades y se ubicarán en lugares diferentes a los que ocupaban los puestos de trabajo que se perdieron. Al igual que el enfoque de redoblar la apuesta, esta solución está condenada al fracaso, ya que incrementará aún más el malestar que sienten los que se quedan atrás.

Trump fracasará incluso en su proclamado objetivo de reducir el déficit comercial, que está determinado por la disparidad entre el ahorro interno y la inversión. Ahora que los republicanos se han salido con la suya y han promulgado un recorte de impuestos para los multimillonarios, el ahorro nacional caerá y el déficit comercial aumentará, debido a la revaluación del dólar. (El déficit fiscal y el comercial normalmente se desplazan tan a la par, que se los llama los déficits «gemelos»). A Trump puede no gustarle, pero como él va poco a poco dándose cuenta, no lo podrá controlar pese a ser la persona que ocupa la posición más poderosa en el mundo.

Hay un tercer enfoque: protección social sin proteccionismo, el tipo de enfoque que tomaron los pequeños países nórdicos. Ellos sabían que, por su cualidad de países pequeños, sus economías tendrían que permanecer abiertas. Pero también sabían que eso expondría a los trabajadores a riesgos. Por lo tanto, tenían que tener un contrato social que ayudara a los trabajadores a pasar de sus puestos de trabajo anteriores a nuevos puestos, y que al mismo tiempo proporcionara algo de ayuda en el ínterin.

Los países nórdicos son sociedades profundamente democráticas, por lo que sabían que, a menos que la mayoría de los trabajadores consideraran que la globalización los beneficiaba, no sería sostenible. Y los ricos en estos países reconocieron que si la globalización iba a funcionar como debería, habría suficientes beneficios para todos.

El capitalismo estadounidense en los últimos años ha estado marcado por una avaricia desenfrenada, como confirmó ampliamente la crisis financiera del año 2008. Pero, tal como han demostrado algunos países, una economía de mercado puede adoptar formas que atenúen los excesos tanto del capitalismo como de la globalización, y que proporcionen un crecimiento más sostenible y mejores niveles de vida para la mayoría de los ciudadanos.

Podemos aprender de los éxitos mencionados qué se debe hacer, de la misma manera que podemos aprender de los errores del pasado qué no se debe hacer. Como se ha puesto de manifiesto, si no gestionamos la globalización de manera que beneficie a todos, se corre el riesgo de que las reacciones negativas —que provienen de los nuevos malestares en el norte y los viejos malestares en el sur— se intensifiquen.

Link: https://elpais.com/economia/2017/12/20/actualidad/1513790732_742783.html

Publicado por Santillán Guzmán Fernanda.

Joseph Stiglitz.

La reforma debería haber atajado mejor la evasión fiscal y aumentado la equidad tributaria.

Nunca una legislación —considerada tanto como una reducción de impuestos y una reforma fiscal— ha recibido tanta desaprobación y burla como recibió el proyecto de ley aprobado por el Congreso estadounidense y promulgado por el presidente Donald Trump justo antes de Navidad. Los republicanos que votaron a favor (ningún demócrata lo hizo) del proyecto de ley afirman que la reforma será apreciada más adelante, a medida que los estadounidenses vean aumentar su salario neto. Se puede decir casi con seguridad que se equivocan. Por el contrario, el proyecto de ley envuelve en un solo paquete todo lo que está mal con el Partido Republicano, y hasta cierto punto, la degradada situación de la democracia estadounidense.

La legislación no es una reforma fiscal ni aún haciendo una lectura flexible. Una reforma debería haber atajado mejor la evasión fiscal y haber aumentado la equidad tributaria. Pero esta legislación tributaria reduce los impuestos en decenas de miles de dólares, en promedio, para los que más pueden pagar (el quintil superior). Y, cuando se implemente por completo (en el año 2027), aumentará los impuestos que deberán pagar la mayoría de los estadounidenses en la parte media de la distribución de ingresos (en el segundo, tercer y cuarto quintiles).

La normativa fiscal de EEUU ya era regresiva mucho antes de la presidencia de Trump. De hecho, el inversor multimillonario Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo, manifestó su famosa queja sobre que era un error que él pagara una tasa impositiva más baja que su secretaria. La nueva legislación hace que el sistema tributario estadounidense sea aún más regresivo. Ahora que se reconoce que la creciente desigualdad es un problema económico crucial en EEUU y que quienes están en la parte superior de la distribución de ingresos obtuvieron casi todo el beneficio de la generación de la riqueza nacional durante el último cuarto de siglo; la nueva legislación echa sal a la herida: en lugar de contrarrestar esta tendencia preocupante, la reforma de los republicanos da aún más a quienes están en la parte superior.

Una economía más distorsionada no es una economía saludable. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha enfatizado que una sociedad más desigual empeora el desempeño económico y la nueva legislación fiscal conducirá inexorablemente a una sociedad más desigual. Gran parte de la complejidad y distorsión en el código fiscal de EEUU surge de diferentes tipos de ingresos gravados a diferentes tasas. Tal tratamiento diferencial conduce no solo a la percepción (correcta) de que el sistema fiscal es injusto, sino también a sus ineficiencias: los recursos se trasladan a sectores favorecidos y se desperdician a medida que las empresas intentan convertir sus ingresos y actividades en las formas más favorecidas. Se han mantenido las peores disposiciones del antiguo código tributario —como los resquicios que permiten a las empresas que destruyen empleos pagar impuestos a tasas bajas— y se han creado nuevas categorías de ingresos que escapan a la presión fiscal.

Es improbable que se materialice el esperado y deseado estímulo de crecimiento económico por varias razones. Primero, la economía ya está en o cerca del pleno empleo. Si la Reserva Federal de EEUU llega a la conclusión de que ese es el caso, elevará las tasas de interés a la primera señal de un aumento significativo en la demanda agregada. Y, las tasas de interés más altas significan que la inversión, y por lo tanto el crecimiento, disminuirán, incluso si aumenta el consumo de los muy ricos.

Además, exprimir a los Estados ‘azules’ (demócratas), incluidos California y Nueva York, mediante la inclusión de disposiciones en el proyecto de ley fiscal específicamente dirigido a ellos, no solo amplía aún más la división política de EEUU, también es mala práctica económica. Ningún gobierno sensato socavaría las partes más dinámicas de su economía, y sin embargo, eso es lo que está haciendo Trump. Las exenciones de impuestos especiales para el sector inmobiliario pueden ayudar a Trump y a su yerno, Jared Kushner, pero eso no hace que EEUU sea grande o competitivo. Y limitar la deducibilidad del impuesto a la renta estatal y el impuesto a la propiedad casi seguramente reducirá la inversión en educación e infraestructura —una vez más, no es una estrategia sólida para aumentar la competitividad estadounidense—. Otras nuevas disposiciones también dañarán la economía de EEUU.

Debido a que el déficit fiscal aumentará —la única pregunta que queda es cuánto aumentará, yo hago la apuesta de que dicho aumento será mucho mayor que las estimaciones actuales de uno a 1,5 billones de dólares— el déficit comercial también aumentará, independientemente de si Trump va tras la consecución de políticas más proteccionistas. Las menores exportaciones y las mayores importaciones debilitarán aún más las actividades manufactureras estadounidenses. Una vez más (como lo hizo con los recortes de atención sanitaria y de impuestos), Trump está traicionando a sus principales partidarios.

Link: https://elpais.com/economia/2018/01/05/actualidad/1515157647_093737.html

Publicado por Santillán Guzmán Fernanda.

Columnista: Ana Palacio. (02 de Septiembre de 2019)

MADRID – Es nuestra era la del triunfo de la hipérbole. Vivimos atrapados entre relatos de triunfos colosales y sucesos devastadores. Orilladas quedan la discusión realista, el progreso incremental y la erosión gradual. El ámbito de las relaciones internacionales no es una excepción y las crisis fatales y los grandes logros son sólo una parte de la historia. No advertir a tiempo tendencias, cambios sensacionales, conduce inexorablemente a problemas que pueden ser graves y, cuando detectados, demasiado tarde para ser solucionados.

La cumbre del G7 recientemente celebrada en Biarritz (Francia) ilustra bien este desatino. En ella ha habido aspectos positivos (sin ir más lejos, el presidente francés Emmanuel Macron ha sido justamente elogiado por mantener a raya a su contraparte estadounidense, Donald Trump) pero pocos logros concretos. Más allá de la cuestión de los resultados sustanciales, la estructura de la cumbre refleja una erosión progresiva de la cooperación internacional, un lento y sostenido desgaste del orden global.

No deja de ser irónico que el G7 sea presagio del futuro, porque en muchos aspectos es una reliquia del pasado. Nacido en los setenta, en plena Guerra Fría, su objetivo declarado era servir de foro a las grandes economías desarrolladas (de entonces): Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido.

Tras la caída de la Unión Soviética, el G7 siguió guiando la gobernanza global en distintos ámbitos como el alivio de la deuda, las operaciones de paz o la salud pública internacional. En 1997, con el ingreso de Rusia, el G7 se convirtió en G8; pero no dejó de ser la síntesis de una era de predominio occidental en un floreciente orden mundial liberal institucionalizado.

Esa era terminó hace mucho. La crisis financiera de 2008 paralizó a los principales integrantes, algo que, sumado al ascenso de las economías emergentes (especialmente China), dejó al grupo sin la masa crítica necesaria para guiar los grandes asuntos internacionales.

Ya en 1999 se creó un grupo más numeroso y diverso, el G20, que fue ocupando el lugar del G8 hasta que, una década después, terminó reemplazándolo formalmente como foro económico internacional permanente de referencia. En un entorno global cada vez más complejo y dividido, la flexibilidad institucional del G20 (incluÍda su preferencia por los compromisos no vinculantes) se consideró más viable que los métodos legalistas de los organismos multilaterales existentes tales como el FMI o el BM.

El G8 subsistió como un mero sub-bloque. En 2014, en respuesta a la invasión rusa de Ucrania y la anexión de Crimea, la participación de Rusia quedó en suspenso. Algunos, incluido Trump, están pidiendo la reincorporación de Rusia al grupo. El G8, aunque perdió influencia, ganó en coherencia al compartir sus miembros una misma visión del mundo.

Pero la elección de Trump en 2016 destruyó ese aspecto positivo. La administración americana comenzó a atacar a aliados y a rechazar reglas, normas y valores compartidos. La situación alcanzó su punto más bajo en la cumbre del G7 celebrada en 2018 en Quebec, cuando un petulante Trump criticó a su anfitrión, el primer ministro canadiense Justin Trudeau, y repudió públicamente el comunicado final de la cumbre apenas publicado.

En este contexto, la cumbre de este año en Biarritz era motivo de gran preocupación. Dadas las pocas esperanzas de que se llegara a un consenso en algún tema trascendente, Francia, país anfitrión, se concentró en guardar las apariencias anteponiendo el eco a la sustancia. No se establecieron objetivos claros; de hecho, Macron anunció antes de la reunión que no habría un documento final ya que, según declaró, “nadie lee comunicados”.

Pero esa decisión acarrea daños significativos al sistema. Los comunicados finales son documentos oficiales que transmiten señales importantes en relación a compromisos relevantes de la comunidad internacional. La declaración de 2018 (que Trump rechazó) identifica en sus 4000 palabras prioridades compartidas y estrategias comunes para alcanzarlas.

La cumbre de Biarritz, en cambio, concluyó con una declaración de 250 palabras, tan difusa y anodina que prácticamente no dice nada. Sobre la cuestión de Irán, por ejemplo, los líderes del G7 sólo se pusieron de acuerdo en que “compartimos plenamente dos objetivos: asegurar que Irán nunca obtenga armas nucleares y fomentar la paz y la estabilidad en la región”. Respecto de Hong Kong, reafirmó “la existencia e importancia de la Declaración Conjunta Sino‑Británica de 1984 sobre Hong Kong” e hizo una insustancial llamada a “que se evite la violencia”. En lo relativo a Ucrania, Francia y Alemania prometieron organizar una cumbre para “lograr resultados tangibles”.

Los medios de comunicación han calificado de avance importante la sorpresiva aparición del ministro iraní de asuntos exteriores, Javad Zarif, que dejó abierta la puerta a futuras conversaciones entre Estados Unidos e Irán. Asimismo, la presión a Brasil para que diese respuesta a los incendios que están devastando el Amazonas. Y la superación por parte de Estados Unidos y Francia del atasco en relación a un impuesto francés a las grandes compañías tecnológicas. Pero la realidad es que cualquier reunión internacional de alto nivel produce acciones limitadas como estas, por el mero hecho de facilitar la interacción entre líderes mundiales.

Link:  https://www.project-syndicate.org/commentary/g7-summit-biarritz-erosion-of-global-order-by-ana-palacio-2019-08/spanish 
Por: Estrada Contreras Ximena.

Columnista: Joseph Stiglitz. (09 de Agosto de 2019)

NUEVA YORK – En el nuevo mundo creado por el presidente estadounidense Donald Trump, donde una conmoción sigue a otra, el tiempo no alcanza para terminar de analizar las consecuencias de los acontecimientos con que se nos bombardea. A fines de julio, la Junta de la Reserva Federal de los Estados Unidos dio marcha atrás en su política de regresar los tipos de interés a niveles más normales, tras el decenio de tasas ultrabajas que siguió a la Gran Recesión. Enseguida, Estados Unidos tuvo otras dos matanzas en menos de 24 horas, lo que lleva el total del año a casi 255 (más de una por día). Y la guerra comercial con China (que según un tuit de Trump sería “buena y fácil de ganar”) entró en una nueva fase más peligrosa, que altera los mercados y plantea la amenaza de una nueva guerra fría.

En un nivel, la decisión de la Fed fue de poca importancia: un cambio de 25 puntos básicos tendrá pocas consecuencias. La idea de que la Fed puede hacer sintonía fina de la economía con cambios a los tipos de interés en el momento justo ya tendría que estar desacreditada, por más que provea entretenimiento a los observadores de la Fed y empleo a los periodistas financieros. Si la reducción de tipos de interés desde 5,25% hasta prácticamente cero incidió muy poco en la economía en 2008‑09, ¿por qué creer que una baja de 0,25% tendrá algún efecto observable? Las grandes corporaciones atesoran inmensas reservas de efectivo: no es por falta de liquidez que no inviertan.

Hace mucho, John Maynard Keynes advirtió que aunque un endurecimiento súbito de la política monetaria puede frenar la economía al restringir la disponibilidad de crédito, el efecto de iniciar una política más expansiva en momentos de debilidad económica puede ser mínimo. Hasta instrumentos novedosos como la flexibilización cuantitativa pueden ser poco eficaces (como aprendió Europa). De hecho, los tipos de interés negativos que están probándose en varios países pueden ser contraproducentes y debilitar la economía, como resultado de efectos desfavorables sobre los balances bancarios, que se trasladarán al crédito.

Lo que sí producen los tipos de interés más bajos es una caída del tipo de cambio. De hecho, puede que sea el principal canal de transmisión de la política de la Fed en la actualidad. Pero ¿acaso no es una “devaluación competitiva”, aquello de lo que la administración Trump acusa abiertamente a China? Y como era de esperar, enseguida otros países devaluaron sus propias monedas, de modo que cualquier beneficio para la economía estadounidense a través del efecto tipo de cambio será efímero. Más irónico es el hecho de que la reciente devaluación del yuan se produjo como consecuencia de la nueva ronda de proteccionismo estadounidense, y porque China dejó de intervenir en la cotización del yuan, es decir, dejó de sostenerla.

Pero en otro nivel, la medida de la Fed es muy elocuente. Se suponía que a la economía estadounidense le estaba yendo espectacular. El 3,7% de desempleo y el 3,1% de crecimiento en el primer trimestre tendrían que ser la envidia de los países avanzados. Pero basta escarbar apenas la superficie para encontrar abundantes motivos de preocupación. El crecimiento del segundo trimestre se desplomó hasta el 2,1%. El promedio de horas trabajadas en la industria en julio se hundió al nivel más bajo desde 2011. El salario real está apenas ligeramente por encima de su nivel de hace un decenio, antes de la Gran Recesión. La inversión real como porcentaje del PIB está muy por debajo de los niveles de fines de los noventa, a pesar de una rebaja impositiva cuyo objetivo declarado era alentar el gasto de las empresas, pero que se usó más que nada para financiar recompras de acciones.

Tras tres enormes paquetes de estímulo fiscal en los últimos tres años, la economía estadounidense tendría que estar en plena bonanza. La rebaja impositiva de 2017, que benefició ante todo a milmillonarios y corporaciones, agregó entre 1,5 y 2 billones de dólares al déficit decenal. En 2018 un aumento del gasto por casi 300 000 millones de dólares en dos años evitó un cierre de la administración pública. Y a fines de julio, un nuevo acuerdo para evitar otro cierre sumó otros 320 000 millones de dólares de gasto. Si mantener a la economía estadounidense andando en los tiempos buenos cuesta un déficit anual de un billón de dólares, ¿qué hará falta cuando el panorama no sea tan optimista?

La economía no está funcionando bien para la mayoría de los estadounidenses, cuyos ingresos llevan décadas estancados (o retrocedieron). Estas tendencias adversas se reflejan en la reducción de la expectativa de vida. La rebaja impositiva de Trump empeoró las cosas, porque agrava el problema del deterioro de la infraestructura, dificulta a los estados más progresistas el mantenimiento de la educación, deja sin seguro médico a otros varios millones de personas y, cuando concluya su implementación, generará un aumento de impuestos para los estadounidenses de ingresos medios que empeorará su situación.

La redistribución de abajo hacia arriba (el rasgo distintivo no sólo de la presidencia de Trump, sino también de gobiernos republicanos anteriores) reduce la demanda agregada, porque los más ricos gastan una proporción menor de sus ingresos que los más pobres. Esto debilita la economía en formas que ni siquiera una dádiva inmensa a corporaciones y milmillonarios puede compensar. Y los enormes déficits fiscales de Trump llevaron a un cuantioso déficit comercial, mucho mayor que el de Obama, conforme Estados Unidos tuvo que importar capital para financiar la brecha entre el ahorro y la inversión internos.

Link: https://www.project-syndicate.org/commentary/trump-trade-and-fiscal-deficits-by-joseph-e-stiglitz-2019-08/spanish 
Por: Estrada Contreras Ximena.